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NO ES CORRUPCIÓN VALENCIANA, ES CRIMEN ORGANIZADO



 
La Operación Taula se saldó con 24 detenciones en las tres provincias y 29 investigados, de los que todavía 9 de los 10 concejales del Ayuntamiento tienen esa consideración. Entre los detenidos, Alfonso Rus, alcalde de Xátiva y presidente del PP en Valencia, David Serra, ex diputado de les Corts involucrado en la Gürtel y que conecta a las investigaciones de Correa con la trama de comisiones de la Diputación; y dos mujeres, mano derecha de Rita Barberá, Mª José Halcón, que fue concejala de cultura y Mª del Carmen García Fuster, secretaria de la ex alcaldesa. La primera de ellas es la mujer de Alfonso Grau, vicealcalde del ayuntamiento y hombre de confianza de Barberá hasta su implicación en el caso Nóos. Poco después, los detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza. Grau ha sido puesto en libertad con cargos este lunes 22 de febrero tras negarse a declarar ante la Guardia Civil después de haber sido detenido en relación a un presunto delito de cohecho por unas adjudicaciones irregulares a una empresa durante su etapa en el consistorio.

Rita Barberá ha sido investigada a través de la UDEF por el fraccionamiento de contratos del Ayuntamiento con el grupo Trasgos por un importe de 2’7 millones de euros. A sus administradores se les relaciona con la visita del Papa Benedicto XVI. Joan Ribó interpuso una denuncia en la Comisaría en noviembre de 2015 y la Policía Nacional la llevó al juzgado al sospechar que existían indicios de delito. En paralelo, la Operación Taula, implica prácticas de blanqueo del PP para financiar mordidas en las campañas electorales de los últimos 20 años. Además, la Fiscalía Anticorrupción podría presentar una querella contra Barberá por el caso Ritaleaks que la obligaría a declarar ante el Supremo por el pago de 300.000 euros en comidas y hoteles sin justificar. Este Tribunal sería el único con competencias para imputarla, dada su condición de aforada. Circunstancia que se ha visto reforzada por el blindaje ofrecido por el PP de Madrid al permitir que continúe de senadora aunque la haya despojado de su cargo como presidenta de la Comisión Constitucional. Asimismo, los pinchazos telefónicos en la trama de la Diputación -de Alfonso Rus y demás integrantes- podrían llevar al Juez próximamente, a realizar un suplicatorio al Senado para que fuese investigada, supuesto que sería improbable en caso de convocatoria de nuevas elecciones. El cuarto caso, el de Feria Valencia, se encuentra a la espera de que el último informe policial determine si hubo delito en los sobrecostes y las contrataciones irregulares en el recinto ferial. Se investiga si la ex alcaldesa recibió regalos por su cargo.


En un análisis retrospectivo recordamos a Zaplana, Camps, Olivas, Fabra…Presidentes autonómicos cuyo mandato se vincula con algún caso de corrupción y con una red clientelar de acreedores y deudores. Entremedias, se han sucedido los amiguismos con empresas nacionales, locales y extranjeras, la corrupción urbanística y especulativa y la influencia castrante de Canal 9 en su afán por controlar la información destinada a la opinión pública, mientras la Judicatura valenciana se plegaba a los juegos de poder por su escasa voluntad de investigación e imputación a los responsables. 

Actualmente, se están instruyendo en los Juzgados 140 causas. El PSPV estima en 1.200 millones el dinero defraudado en los últimos tres años, según su Informe por la Transparencia y contra la Corrupción. Mónica Oltra, calculó un total de 12.000 o 13.000 millones de euros, en declaraciones a La Sexta. El caso Naseiro, Brugal, Terra Mítica, Polop, la Trama Gürtel, las facturas en el cajón de la Consellería o, lo más reciente, casos como los de Imelsa, Trasgos y Taula, se identifican, en apariencia, con una marca institucional que representa a un gobierno del PP veinticuatro años enquistado en el ayuntamiento de Valencia. 

Pero, en realidad, la corrupción consiste en una superestructura formada por asociaciones de malhechores perfectamente organizadas en las que sus integrantes se orientan por directrices precisas y concretas, definidas con un único fin, delinquir a cambio de beneficios millonarios. Es un entramado mafioso de delincuentes económicos formando una compleja organización. Jefes y gestores se coordinan entre ellos, desarrollan una labor corporativista, tienen jerarquizadas sus funciones, -al igual que una empresa-, demuestran vocación de servicio para acometer delitos que tienen continuidad en el tiempo, practican el fraude y el engaño a pequeña o a gran escala, (sea en el ayuntamiento de un pueblo pequeño o en un gran monopolio) y garantizan que sus maniobras queden impunes mediante operaciones financieras encubiertas por una aparente legalidad. 

Se trata del crimen del dinero organizado en las administraciones públicas y en entidades financieras, en los consejos de administración de grandes empresas y multinacionales. Se habla mucho de alcaldes y concejales, la cara visible de gigantescas corrupciones; se destapan las argucias de políticos o empresarios de poca monta que cobran en sobres, pero no se señala con nombres y apellidos a los que meten el dinero en ellos; no se incrimina a bancos y monopolios; ni tampoco se denuncia a las constructoras e inmobiliarias que están detrás de los enormes pelotazos urbanísticos. Los corruptores nunca salen a la luz. Y es lo que se necesita para desarticular bandas organizadas que actúan de forma clandestina.

Alrededor de la operación Taula, había un ranking de empresas dispuestas a obtener comisiones a cambio de contratos públicos, 600 mordidas por obras en colegios e institutos. Se sabe porque algunos cabecillas tenían pinchados los teléfonos y porque Marcos Benavent, ex gerente de Imelsa y recaudador, grabó a Rus y a otros compañeros. Las cintas fueron entregadas a Fiscalía por IU tras meses de colaboración de Benavent con la Guardia Civil. Los sobrecostes de la constructora Ciegsa, que aprobó las adjudicaciones, les ha costado a la Generalitat y a los valencianos más de 2.800 millones de euros. Las principales constructoras del Ibex-35 están implicadas en la Gürtel, Púnica o Palau. Sin embargo, ninguno de sus presidentes ha sido procesado creándose cortafuegos para no salpicar a sus consejos de administración.

Recortes Cero - Los Verdes exige a través del punto 20º de su programa una reforma del Código Penal para dar a la corrupción, a los corruptos y a los corruptores el mismo tratamiento que la ley reserva para el crimen organizado. Estableciendo mecanismos para que estos delincuentes devuelvan el dinero robado y anulando la prescripción de los delitos económicos y fiscales.

La corrupción es un delito contra el pueblo y contra el país. La corrupción es traición. 




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